Este artículo fue publicado originalmente en Animal Político.
La movilidad social hace referencia a las posibilidades que tiene una persona de mejorar su condiciones de origen con su propio esfuerzo a lo largo de su vida. La desigualdad de oportunidades deriva en una baja movilidad social y esto afecta en el crecimiento económico, los indicadores de pobreza, entre otros.
México es un país con baja movilidad social, donde el nacimiento de una persona determina su futuro. Cuando se mide la movilidad social de una generación a otra, factores como los años esperados de vida, de escolaridad alcanzada, el tipo de empleo o el ingreso influyen directamente en el potencial de mejora de condiciones que puede tener una persona.
¿Cómo afecta la desigualdad de oportunidades a las mujeres?
Las mujeres tienen mayores afectaciones por la desigualdad de oportunidades que los hombres. Por un lado, están permanentemente expuestas a diferencias en el acceso, las responsabilidades, el trato y las compensaciones, que limitan su posibilidad de acceder a más oportunidades y desarrollar sus capacidades. Esta desigualdad se acumula a lo largo de la vida y tienen consecuencias en la educación, la salud, la oferta de empleo y sus remuneraciones, derivando en menor movilidad en comparación con ellos.
Por otro lado, en México, las mujeres que nacen en condiciones de origen equivalentes a los hombres, tienen menores probabilidades de superarlas, ya que para sanear estas desigualdades se requieren necesariamente de políticas públicas con perspectiva de género. Un claro ejemplo es el caso del trabajo doméstico y las tareas de cuidados: de infancias, personas adultas mayores, personas enfermas y/o con discapacidad. Los roles tradicionales de género han llevado a una recarga de las responsabilidades de cuidados sobre las mujeres. En México, las mujeres dedican más de 30 horas a la semana de trabajo no remunerado para el hogar. Esto equivale a tres veces más del tiempo que dedican los hombres.
De acuerdo al INEGI, estas labores no remuneradas representan el 26.3 % del PIB y las mujeres contribuyen con tres cuartas partes de ellas. Si se mide por persona, el valor de estas tareas es de 71,524 pesos por cada mujer y de 28,831 pesos por cada hombre. A pesar de su valor, el realizar estas tareas de cuidados más bien han fungido como barreras para que las mujeres generen sus propias condiciones siendo este tipo de trabajo realizado por el 41.6 % de la fuerza laboral femenina mundial.
La sobrecarga de estas tareas se ha traducido en que las mujeres no cuenten con tiempos ni recursos para educarse, ingresar al mercado laboral, participar en el ámbito político, atender de su salud e incluso tener espacios de ocio. Aunado a esto, las consecuencias negativas se incrementan para las mujeres que enfrentan otro tipo de obstáculos adicionales, como ser discriminadas por su color de piel o crecer en un hogar de ingresos bajos.
Soluciones comprobadas: políticas públicas con perspectiva de género
Hoy sabemos que hay políticas públicas que pueden contribuir a reducir esas desigualdades y sus consecuencias, por ejemplo el proveer de infraestructuras y servicios públicos para mejorar la calidad del entorno y con ello las oportunidades a las que tienen acceso.
A nivel internacional, los países que han destinado más gasto público a instrumentos que faciliten las tareas de cuidado han logrado mejores condiciones para las mujeres y el balance entre el trabajo remunerado y el no remunerado. Estas medidas incluyen: estancias infantiles, políticas de maternidad y paternidad, servicios para cuidado de personas enfermas, adultas mayores o con discapacidad; centros de capacitación para el trabajo, espacio de vivienda temporal, entre otros.
El Centro de Estudios Espinosa-Yglesias (CEEY) estima que, a nivel nacional, la protección social y otros servicios de cuidados determinan el 11 % de la desigualdad de oportunidades y en un 38 % para las personas en los niveles socioeconómicos más bajos.
Caso Nuevo León: infraestructura de cuidados vs. movilidad económica
Consejo Nuevo León y el Centro de Estudios Espinosa-Yglesias (CEEY) realizaron un estudio en Nuevo León para identificar factores que facilitan o bloquean la movilidad social en Nuevo León. Este es el primer estudio que permite conocer estas condiciones a nivel subnacional en México y los resultados son reveladores para el tema de género y cuidados.
Este estudio encontró que si una localidad cuenta con infraestructura de cuidados, la probabilidad de que las mujeres en el 20 % de la población con menor riqueza salgan de él aumenta hasta un 62 %, y aminora la probabilidad de que aquellas del estrato con mayor riqueza salgan de él en un 43 %. Además, se valoró que las escuelas de educación inicial son las que presentan mayor influencia en la movilidad educativa de las mujeres. El segundo lugar lo ocupan los servicios de cuidado infantil en el hogar o en el barrio, y el tercero la disponibilidad de personas enfermeras.
Beneficios sistémicos: más allá de lo individual
El impulso de estas políticas tiene beneficios directos en las personas y en el sistema socioeconómico y político. Primero, dan acceso a las cuidadoras a oportunidades de desarrollo que, eventualmente, redunden en mayores ingresos y capacidades. Segundo, pueden incidir en la profesionalización de los servicios de cuidados, así como en que las personas que deben ser cuidadas puedan ejercer este derecho plenamente.
Finalmente, pueden devenir en una participación mayor y más diversa de las mujeres en la vida pública, económica y social de su entorno. El círculo virtuoso derivado de políticas diseñadas con perspectiva de género, que beneficien a las mujeres y en consecuencia lleven a que ellas mismas contribuyan a reducir desigualdades, es uno que debemos empujar colectivamente.
* Ana Fernanda Hierro es politóloga por el Tec de Monterrey y maestra en políticas públicas por el CIDE. Es Secretaria Técnica de Consejo Nuevo León. Es feminista y codirectora de Aúna Nuevo León.
