La coordinación entre las distintas autoridades y con organizaciones civiles es vital para atender las causas de la violencia familiar, coincidieron expositoras en la primera asamblea del Grupo impulsor para el combate a las violencias contra las mujeres.

Por ello, el enfoque multiagencial de la Puerta Violeta implementada en Escobedo, ha permitido atender la situación de manera integral, destacó Martha Herrera González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica.

“Hay que reconocer y poner en práctica que no podemos seguir trabajando de manera descoordinada y que la erradicación de la violencia contra las mujeres no podrá alcanzarse con los esfuerzos de un solo sector”, refirió.

Adicionalmente, se expuso la necesidad de compartir datos para evitar duplicidad de atención, por lo cual se planteó la creación de una herramienta tecnológica llamada Observatorio Ciudadano para la Prevención y Combate de las Violencias contra las Mujeres, así como un banco de datos por parte del Instituto Estatal de las Mujeres, los cuales se complementarán.

2018 cerró con 92 feminicidios en la zona metropolitana de Monterrey, el mayor número desde que en 2016 se decretó una Alerta de Violencia de Género en cinco municipios. A la fecha, se han registrado 11 casos en 2019, de acuerdo con el registro de Alternativas Pacíficas.

Clara Luz Flores Carrales, alcaldesa de General Escobedo, señaló que descubrieron mediante un proceso de documentación del proceso de seguridad pública municipal que había una correlación entre violencia doméstica e inseguridad.

Indicó que las diferentes administraciones municipales deben avanzar continuamente en el proceso de coordinación entre ellas, pues las afectadas por violencia cambian de residencia municipal; de lo contrario la situación será la misma que 10 años atrás, porque la violencia va creciendo sin atender las causas.

Al exponer los resultados de los primeros cinco meses de operación de la Puerta Violeta en Escobedo, refirió que se han atendido en total a 695 personas, entre mujeres, niños y niñas, y aplican el modelo en 4 de 11 sectores de seguridad en los que está dividido el municipio.

Además, refirió que revisaron las responsabilidades de cada instancia, por lo que se redefinieron funciones del Instituto Municipal de la Mujer, a fin de que se concentre en prevención primaria y el seguimiento a quienes son atendidas en un refugio, para que no sea este un destino final.

Alicia Leal Puerta, fundadora de Alternativas Pacíficas, destacó el papel de la sociedad civil organizada en la gestión de los refugios para mujeres y sus familias desde 1995, con base en la experiencia internacional.

“En todo el mundo operan con un centro de atención externa y con una casa de refugio donde se protege y atiende de manera integral y multidisciplinaria a las mujeres y sus hijos. No es solamente poner una casa y ya, sino una comunidad donde empiezan a retomar su plan de vida”, aclaró.

Cecilia Reyes Cruz, presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, aseguró que es necesario que este tipo de situaciones se haga cada vez más visible.

“Entre mayor difusión se haga de la Alerta de Género, de las situaciones de acoso o de violencias, va a haber cada vez más mujeres que identifiquen que viven en esa situación”, aseguró.

Griselda Núñez Espinosa, fiscal especializada para la atención de delitos contra las mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado, consideró que las acciones que emprenden forman parte de un trabajo conjunto para compartir los mismos resultados.

A la sesión acudieron también las diputadas locales Claudia Tapia Castelo, Karina Barrón Perales y Alejandra Lara Maíz, representantes de organizaciones civiles como Alternativas Pacíficas, Arthemisas por la Equidad, Consejo Cívico, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, entre otras.

El Grupo impulsor es un grupo de trabajo convocado por el Consejo Nuevo León y Alternativas Pacíficas, con la participación de todos los órdenes de Gobierno, Poderes del Estado, sociedad civil organizada y academia para fortalecer las acciones que permitan erradicar la violencia feminicida.