Con este nuevo grupo,
Nuevo León contará con más de 30 testigos sociales que desean contribuir sin
ninguna remuneración con su tiempo y capacidades a la transparencia en las
adquisiciones del Gobierno del Estado y municipios a los que sean convocados a
participar.
“La participación de los testigos sociales es extremadamente importante, ya que estas personas ayudan a garantizar que el dinero público se está gastando de manera económica, eficiente y eficaz, además de prevenir y denunciar actos de corrupción en los procesos de contrataciones”, destacó José Quiroga Castañón, coordinador de la Comisión de Gobierno Eficaz y Transparencia del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica.
En su mensaje de cierre,
Martha Patricia Hernández Franco, directora jurídica de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado, señaló que los testigos sociales fungen como “ojos”
del Gobierno estatal para denunciar cualquier situación en los expedientes de adquisiciones.
Señaló que ha ido en
aumento la participación de los testigos sociales, pues mientras el año pasado
se publicaron 18 testimonios de ellos tras su participación en los respectivos
procesos gubernamentales, en lo que va de 2019 se lleva la misma cantidad.
Un testigo social es un
ciudadano que, previo registro ante la Contraloría del Estado, participa con
derecho a voz en los procesos de contrataciones que lleven a cabo las
dependencias y entidades de la administración pública estatal, por lo que su observación
y posterior documentación es fundamental en la transparencia de las compras a las
que sean convocados.
El curso de capacitación
para testigos sociales inició el 9 de julio y se impartió en la Escuela de
Gobierno del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y
la Universidad de Monterrey, con 36 horas en total, divididas en cuatro
semanas.
La clausura de esta edición se realizó hoy en el Centro de Educación Digital y Emprendimiento de la UANL, donde participaron representantes de la Contraloría del Estado, del Consejo Nuevo León y de las universidades cuyos catedráticos impartieron la capacitación.
Esta capacitación es posible gracias a la colaboración, formalizada en un
convenio general firmado en 2018, entre estas instituciones de educación
superior, la Contraloría del Estado y el Consejo Nuevo León.
A partir de este momento, los 17 graduados hoy deberán continuar su
proceso ante la Contraloría del Estado cumpliendo los demás requisitos si
desean inscribirse en el padrón correspondiente y fungir como testigos
sociales.
